Cuando la seguridad privada se vuelve ineptitu y un secuestro: el caso que sucedió en Ibarra en el año 2020 POR UNA EMPRESA DE SEGURIDAD QUE COBRABA 200 MIL DOLARES AL MUNICIPIO DE IBARRA

Cuando la seguridad privada se vuelve ineptitu y un secuestro: el caso que sucedió en Ibarra  en el año 2020  POR UNA EMPRESA DE SEGURIDAD QUE COBRABA 200 MIL DOLARES AL MUNICIPIO DE IBARRA 

Lo que debía ser una tarde normal en el MERCADO AMAZONAS de Ibarra terminó convertido en un episodio digno de una mala película de acción… pero sin director, sin guion y con guardias que confundieron autoridad con abuso.

Una familia de tres integrantes —padre, madre e hija— vivió más de una hora de encierro forzado, rodeados por personal de seguridad privada que los acusaba de un supuesto “robo” tan absurdo que, si no estuviera documentado, nadie lo creería: la sustracción del chip de un celular viejo tirado en el piso. Sí, leyó bien. Un chip. De un celular viejo. Hallado en el piso.

Los hechos: de un paseo a una detención arbitraria

Todo empezó mientras la familia almorzaba en un kiosco dentro del mercado. Minutos después, una mujer apareció acompañada de seis personas más, irrumpiendo a gritos:
“¡Se me quedó el celular en la mesa, devuélvanmelo!”

El escándalo detuvo la comida de todos. De inmediato llegaron varios guardias privados, y una de ellas entró al kiosco vociferando:
“De aquí nadie sale si no los reviso.”

A la mujer de la familia, que estaba comiendo, le molestó la intervención abrupta y le dijo a la guardia que se calmara, que no era policía y que, si quería requisar a alguien, debía llamar a la autoridad competente. La guardia, alterada, respondió con amenazas verbales y exigió revisarla para permitirle salir del kiosco, donde había al menos diez personas más.

La mujer accedió únicamente porque la guardia no la dejaba retirarse. No encontraron nada. Lo mismo ocurrió con su esposo.

Persecución y encierro: el abuso toma forma

La familia decidió alejarse del tumulto y continuó su camino hacia el sector conocido como La Playita. Sin embargo, al poco tiempo escucharon el sonido de botas corriendo detrás de ellos.

Al voltear, se encontraron rodeados por un grupo de guardias que formó un círculo para impedirles el paso. Ahí inició la segunda parte del atropello.

La misma guardia que antes había gritado comenzó a empujar y acusar al esposo:
“Tú eres el ladrón. Dame el chip del celular que ellos encontraron en el piso.”

La supuesta afectada sostenía un teléfono viejo, de bajo valor; aun así, el esposo se dejó revisar nuevamente para evitar más violencia. Irónicamente, él mismo portaba un celular de alta gama, mucho más costoso que el aparato que reclamaban.

Mientras tanto, el grupo que acompañaba a la denunciante gritaba frases como:
“¡Sí, quítenle todo!”
y alentaban la agresión, como si se tratara de un espectáculo público.

Pese a que la familia ya había sido registrada y no había indicios de ningún delito, los guardias siguieron reteniéndolos, impidiéndoles desplazarse y aumentando la tensión.

El resultado: una familia cercada, humillada y privada de su libertad

Lo que debía ser un simple almuerzo se convirtió en más de una hora de hostigamiento, amenazas y retención ilegítima. Sin presencia policial, sin causa justificada, sin respeto por protocolos y mucho menos por derechos constitucionales.

De inmediato, varios guardias se acercaron, los rodearon y, en una escena que se pareció mucho más a una aprehensión ilegal que a un “procedimiento de seguridad”, los llevaron a un cuarto cerrado. Ahí permanecieron más de una hora, sin poder salir, sin poder llamar, sin explicación coherente y sin presencia policial.

Los guardias insistían en que uno de ellos “se robó el chip”. No el celular. No la tarjeta SIM con información valiosa. No. El chip de un teléfono obsoleto que ni en el mercado informal tendría valor. Los argumentos eran tan endebles que cualquier espectador externo habría pensado que era una cámara escondida… pero no, era real.

Mientras tanto, la familia pidió que llamaran a la Policía para aclarar el malentendido. Los guardias se negaron. Y como si fuera poco, los mantuvieron rodeados, impidiéndoles cualquier movimiento.

La palabra exacta para esto, en el mundo real y en el jurídico, es privación ilegal de la libertad. Pero el cierre de esta historia demuestra que no todo el mundo entiende lo mismo.

La acción de protección: buscando justicia en los tribunales

Cansados, indignados y conscientes de que sus derechos fueron pisoteados, los afectados presentaron una acción de protección ante un juez del cantón Ibarra.

El argumento era claro: fueron privados de su libertad por personal sin competencia legal, sin flagrancia, sin denuncia y sin causa justificada. Un manual perfecto de lo que no debe suceder en manos de un servicio de seguridad privada.

Pero el golpe vino desde donde debía llegar la reparación.

El juez negó la acción.
Según su criterio, lo ocurrido “parece un delito” y, por tanto, no era materia constitucional sino penal.

Es decir: si te privan de la libertad sin orden, sin proceso y sin autoridad competente… pues resulta que, como parece un delito, no es vulneración de derechos.
Una lógica que, sinceramente, podría necesitar su propio manual de instrucciones.

¿Y entonces? ¿Quién protege a quién?

Negar la acción de protección con ese razonamiento deja un vacío peligroso:
Si un particular te retiene ilegalmente, ¿dónde queda tu derecho fundamental a la libertad?
¿Debes esperar una investigación penal que puede tardar meses, mientras la vulneración ocurrió en el acto y exigía una respuesta inmediata?

Las acciones de protección existen precisamente para eso: detener y reparar vulneraciones actuales o inminentes de derechos, incluso cuando los hechos encajan también en el ámbito penal. No son excluyentes. De hecho, suelen coexistir.

Aquí, la familia no pidió que el juez “juzgue” a los guardias, sino que reconozca la violación a su libertad. Pero el fallo puso el acelerador en el carril equivocado.

El problema mayor: un sistema que normaliza el abuso

Este caso es más que un incidente aislado. Es un espejo incómodo para el funcionamiento de empresas de seguridad que, muchas veces, operan sin protocolos claros y con un exceso de ímpetu… o de ego.

Si a eso se suma la tendencia de algunos operadores de justicia a “patear” lo constitucional por considerarlo un distractor, tenemos una receta peligrosa:
vulneraciones que quedan sin reparación y criterios judiciales que desalientan denunciar.

Pero ojo, aquí es donde la visión de futuro entra en escena:
Este tipo de casos termina generando presión social, reformas administrativas e incluso precedentes judiciales cuando suben a apelación o revisión.

La familia ya anunció que recurrirá la decisión. Y más temprano que tarde, este expediente podría convertirse en un recordatorio judicial de que la seguridad jamás puede convertirse en un secuestro encubierto.

Conclusión: derechos primero, excusas después

Una cosa es prevenir delitos; otra muy distinta es inventar uno para justificar un abuso.
Una cosa es custodiar un terminal; otra es actuar como si fuera un feudo privado.
Y una cosa es administrar justicia; otra es evadir la esencia misma de los derechos constitucionales.

Si algo enseña este caso es que la ciudadanía debe seguir denunciando y documentando. Porque callar es dejar que lo absurdo —como acusarte de robar un chip viejo del piso— se convierta en costumbre.

Relatado por : Diana Estrella