“Cuando el sistema judicial se convierte en una barrera para la justicia para los menores de edad : el actuar arbitrario y vulnerador de derechos del rector de La Salle Ibarra y la lucha de una madre contra un sistema administrativo y judicial Negligente”

 “Cuando el sistema judicial  se convierte en una  barrera para la justicia para los menores de edad : el actuar arbitrario y vulnerador de derechos del rector de La Salle Ibarra y la lucha de una madre contra un sistema administrativo y judicial Negligente”

En Ecuador se habla del “interés superior del niño” como si fuera un principio sagrado. Pero en la práctica, para muchas familias, ese principio se convierte en letra muerta. Este es uno de esos casos en los que la autoridad educativa, lejos de proteger, termina siendo la primera barrera; y la justicia, en lugar de reparar, deja heridas abiertas.

Una madre de familia de Ibarra lleva meses enfrentándose a un sistema que parece diseñado para desgastar, no para garantizar derechos. Y todo empezó con algo que jamás debió ocurrir: un rector elevando la voz para impedir que una niña ingrese a clases.

Un rector que cerró la puerta y abrió un problema mayor

La menor llegó lista para iniciar el año escolar junto a sus compañeros . Su madre había cumplido con absolutamente todo: matrícula pagada, uniformes comprados, cupo confirmado con un mes de anticipación. No había razón para dudar de su ingreso.

Pero, según relata la madre, el rector del Colegio La Salle Ibarra decidió otra cosa.

Le negó el ingreso afirmando que faltaban tres documentos de basica en el expediente académico de Bachillerato , documentos que —según consta— estaban en trámite en otro cantón, lo cual es totalmente normal dentro del proceso educativo.
Nada que impida estudiar.
Nada que justifique un portazo.
Mucho menos un grito dirigido a una madre frente a su hija.

Ese día, la autoridad que debía acoger, orientar y resolver simplemente eligió humillar. Y ahí comenzó una cadena de injusticias.

La defensa del derecho a la educación terminó con una audiencia constitucional  sin la presencia de la madre

Ante la negativa del colegio, la madre hizo lo que la Constitución le manda: presentó una acción de protección por vulneración del derecho a la educación de su hija.

El caso recayó en la Unidad Judicial de Familia de Ibarra en manos de la jueza Isabel Tobar.

Lo que vino después dejó a la familia en absoluto desconcierto:
la audiencia se realizó sin la presencia de la accionante, pese a que era ella la defensora natural del derecho de su hija.

Y el fallo fue tan abrupto como incomprensible:

“No existe vulneración del derecho a la educación ni del interés superior del menor.”

La jueza sugirió que la madre debía acudir al Ministerio de Educación, como si el problema fuera un trámite administrativo y no una vulneración clara cometida por una institución educativa particular que ejerce función pública.

La acción de protección, que debería ser la herramienta más rápida y eficaz para proteger a un menor, no protegió nada.

Documentos con inconsistencias y dudas que crecen

Durante la revisión del expediente, la madre detectó algo todavía más grave:
inconsistencias en los documentos y afirmaciones presentadas por el colegio.

– Fechas que no encajaban.
– Datos que no coincidían con el historial real de la menor.
– Argumentos que no se ajustaban a los documentos oficiales.

Estas irregularidades fueron denunciadas y forman parte del motivo por el cual la sentencia está en apelación. Aún hay mucho por aclarar, y la familia ha solicitado que se investigue si se presentaron documentos con MALA FE PROCESAL   que pudieron influir en la decisión judicial.

El Distrito de Educación de IBARRA en manos de la DIRECTORA CONSUELO UNDA HERMANA DE LA DIRECTORA DE ADN IMBABURA : otra puerta cerrada

Como corresponde, la madre también denunció el caso ante el Distrito de Educación de Ibarra. La respuesta tardó más de 30 días, excediendo los plazos legales.

Y cuando finalmente respondió, la directora del Distrito dijo:

“Como la sentencia dice que no existe vulneración, no vamos a investigar.”

Una institución que tiene la obligación de supervisar y regular el sistema educativo decidió no revisar absolutamente nada, basándose únicamente en una sentencia que, además, está apelada.

La señal es peligrosa:
si una institución educativa vulnera derechos, y la administración se excusa en un fallo aún no firme, el sistema se vuelve un círculo de impunidad.

Una madre luchando sola contra un sistema que debería protegerla

Mientras las autoridades educativas se lavan las manos y la justicia niega la vulneración, una menor de edad fue negada de ingresar a clases con sus compañeros, y una madre carga con el peso emocional, económico y jurídico que esto implica.

Este caso muestra algo más grande que un conflicto puntual:
muestra que cuando una autoridad escolar actúa de forma arbitraria y desproporcionada, y cuando el sistema judicial minimiza la afectación, se abre un camino peligroso para que estas prácticas se repitan con cualquier alumno y cualquier madre de familia.

El actuar del rector —según lo denunciado— no solo afectó a una menor.
Envió un mensaje de prepotencia institucional:
“Se hace lo que yo digo, aunque afecte a un niño.”

Y el fallo judicial que negó la vulneración envía otro mensaje preocupante:
“Esto puede volver a pasar, y nadie responderá”.

¿Qué viene ahora?

El caso se encuentra en apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. La familia espera que esta vez:

se analice toda la prueba,

se evalúen las inconsistencias,

se garantice el derecho a la educación, y se escuche realmente a la madre y a la menor.

El proceso también ha sido puesto en conocimiento de Fiscalía, lo que demuestra que existen hechos que merecen una revisión más profunda.

Un cierre necesario

La educación no es un favor que las instituciones otorgan.
Es un derecho que deben garantizar.

Cuando un rector baja la voz para guiar, inspira.
Cuando la sube para impedir el ingreso a una niña, rompe ese derecho.

Cuando una jueza protege, fortalece el sistema.
Cuando desestima sin analizar completamente los hechos, debilita la confianza en la justicia.

Cuando una madre lucha, no lo hace por capricho.
Lo hace porque una niña merece estudiar, crecer, soñar y vivir sin que una puerta se cierre en su cara.

Este caso, lejos de terminar, recién empieza.
Y lo que está en juego no es solo la educación de una menor.
Es el mensaje que dejamos como sociedad.

Por Diana Estrella